Beneficios carcelarios en la pandemia

La figura del indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, esta prerrogativa de carácter excepcional consiste en la gracia presidencial que se otorga a personas que han sido previamente condenadas por haber cometido un delito. En nuestra legislación se encuentra regulada directamente en la Constitución Política del Perú, en su artículo 118. Con el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se le perdona el cumplimiento de la pena, es decir, representa la renuncia del ejercicio del poder punitivo del Estado, basada en razones de equidad, oportunidad o interés general.

Cuando esta medida se utiliza justificadamente, puede constituir un componente importante y legítimo de cualquier sistema jurídico. Sin embargo, los indultos generalmente despiertan controversias, por lo que es importante que, el proceso para su aplicación, se lleve a cabo respetando el equilibrio entre los intereses de la persona condenada y los de la justicia y la sociedad en general.

En el contexto actual de emergencia sanitaria que se desarrolla alrededor del mundo, los expertos han indicado que el índice de contagio por Covid-19 es dos veces mayor al de la influenza y diez veces más letal, por lo que lugares con alta concentración de personas son caldos de cultivo perfecto para su propagación. En este sentido las personas privadas de la libertad que se encuentran en prisiones con situaciones precarias, especialmente los adultos mayores, mujeres embrazadas y los que padecen alguna enfermedad crónica, tienen altos niveles de riegos ante el brote epidémico.

Es por esta razón que, en muchos territorios del mundo, inclusive países con alta tradición punitiva, se está recurriendo a las excarcelaciones, tal es el caso de Estados Unidos o el Reino Unido, donde, en promedio, se estima que en las últimas semanas se ha llevado a cabo el indulto de 400 o 500 internos por penal.

En nuestro país, hasta diciembre del 2019, según estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), habían más de 96 mil internos en las 68 cárceles peruanas que tienen capacidad solo para 40.137 personas. Los mismos datos indican que del total de encarcelados, aproximadamente 4.700 tienen más de 60 años.

Pese a las medidas implementadas para evitar contagios de coronavirus dentro de los penales, se ha oficializado que, en el centro penitenciario del Callao, cuatro internos han dado positivo al COVID-19, y un trabajador de la carceleta de Lima también se ubica en el grupo de contagio, esto despliega un panorama particularmente preocupante, temiendo que esta cifra pueda aumentar exponencialmente si no se hace nada al respecto.

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Al respecto, las autoridades del INPE a través de un oficio remitido al presidente del Poder Judicial, han detallado que basándose en el Decreto de Urgencia 025-2020 , decidieron adoptar, como medida preventiva ante esta situación, una disposición excepcional, mientras continúe el Estado de Emergencia, la cual consiste en no recibir en sus establecimientos penitenciarios a ninguna persona privada de su libertad.

 Esta medida ha despertado polémica, siendo fuertemente cuestionada por integrantes de la esfera penal del país, quienes manifiestan que hay que tomar en consideración el estado en que quedaran los detenidos por delitos flagrantes, como feminicidios, violencia y narcotráfico.

Se debe agregar además que hace pocos días la presidenta del Tribunal Constitucional, propuso al Ejecutivo nacional se evaluara la posibilidad de iniciar indulto humanitario para la población penitenciaria más vulnerable del COVID-19, un beneficio que no se aplicaría a reos condenados por ciertos delitos como el terrorismo, tráfico de drogas, corrupción o violencia en contra de los derechos humanos.

La emergencia carcelaria requiere de medidas diseñadas con una visión multidisciplinaria que permitan asegurar que este no se convertirá en una fuente de infección incontrolable. Las alternativas deben incluir la protección de la vida, salud e integridad de las personas que integran el sistema penitenciario, sin menoscabar las disposiciones del sistema de justicia.

Súmate al esfuerzo por controlar esta emergencia sanitaria, el Perú está en nuestras manos, sigamos las recomendaciones de nuestro Gobierno, quédate en casa”

Escrito por: Abg. Jessica Navarro

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