Deducción de gastos por fraude de tarjetas de crédito y débito

El Tribunal Fiscal a través de la Resolución N°02837-1-2020, ha resuelto una controversia relacionada con la deducción de gastos por fraude de tarjetas de crédito y débito, en el cual una empresa del sistema financiero, alude que el reembolso realizado en favor de sus clientes víctimas de delitos informáticos, como consecuencia de su Política de Fraude, donde no es ella sino aquellos los afectados por los fraudes.

Por tanto, se concluye que la deducción de dichos gastos se sustenta en el cumplimiento del principio de causalidad, más no en las formalidades previstas en el inciso d) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, referido a la deducción de pérdidas extraordinarias por delitos de dependientes o terceros en perjuicio de la empresa.

En el caso en autos, se observa que la SUNAT, sustenta el reparo indicando que la recurrente no fundamenta los gastos generados, indicando, entre otras cosas: “Los procedimientos internos para la revisión de los fraudes cometidos a sus clientes carecen de prueba tributaria, dado que la ley del Impuesto a la Renta exige como sustento la probanza judicial o que se acredite que es inútil ejercer la acción judicial correspondiente”

Fundamentos destacados:

(…) lo señalado previamente no implica a priori que la Administración se encuentre imposibilitada a utilizar el literal d) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, sino que, en el caso de autos, estando a que el contribuyente no sustenta el gasto deducido en su condición de perjudicado ante un hecho delictuoso, no resulta idónea aquella base normativa para efectos de verificar la causalidad del gasto y su acreditación como tal.

(…)

Que de la base legal glosada se tiene que la deducción regulada en el literal d) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, tiene por objeto a las pérdidas extraordinarias generadas por: (i) caso fortuito o fuerza mayor en los bienes productores de renta gravada; o (ii) delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros; especificando que el importe a deducir será el de las pérdidas no cubiertas por indemnizaciones o seguros; y que para efectos probatorios el delito debe ser probado judicialmente, o debe acreditarse la inutilidad de ejercer acción judicial.

Que según se aprecia de lo señalado por la recurrente (…), esta no sustenta la deducción del gasto reparado en la pérdida generada por delitos cometidos en su perjuicio, sino (..) que los delitos fueron cometidos en agravio de sus clientes y que asume las pérdidas (…) como una práctica comercial para resguardar su relación comercial (…)

(…) siguiendo la línea de análisis, correspondía que la Administración -teniendo en consideración lo alegado (…) para sustentar el gasto deducido, el cual sustentaba en el principio de causalidad y no en un hecho delictivo en su agravio- analizara la documentación presentada (…) a fin de acreditar el gasto, siendo que en caso esta no acreditara la causalidad del mismo, en los términos alegados, correspondía su reparo.

(…) el reparo en lautos no se encuentra debidamente sustentado debiendo levantarse y revocar la apelada en este extremo.

 

 

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