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El Lavado de activos y su relación con aspectos fiscales.

Con la finalidad de poder disponer libremente de beneficios económicos provenientes de actividades ilícitas, ciertas organizaciones se dedican al lavado de dinero, lo cual no es más que un proceso a través del que, dinero u otros bienes provenientes de actividades ilegítimas o al margen de la ley, son ingresados a la economía legal, transformándose en “dinero limpio”.

 

Es por tanto que, dentro del marco de la legalidad, cualquier transferencia de dinero que se realice de una persona a otra, necesariamente debe tener un sustento tributario, bien se trate de una venta, o un pago por honorarios, toda transferencia debe tener un soporte donde pueda verificarse en qué términos se efectuó la operación, ya que la base de cualquier caso que tenga relación al lavado de activos, es efectivamente el sustento tributario de esos ingresos. Precisamente en el caso específico de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien el pasado Miércoles 10 de Octubre fue detenida por el presunto delito de lavado de activos en el caso ‘cócteles’ durante su campaña en las elecciones presidenciales del 2011, es utilizado el escudo político de “aporte económico a la campaña electoral”, ya que un aporte que se hace a una campaña no tiene contraprestación, en teoría cuando una persona, una empresa, o una institución le entrega dinero a un partido político, lo hace sin esperar ninguna retribución a cambio, en ese orden de ideas el acto jurídico que está detrás de ese aporte, tendría la figura de una donación.

 Las donaciones fueron reguladas en Perú desde el año 1993, por el Ex presidente Alberto Fujimori, en donde se estipula que, en caso que la donación que se realice sea menor a una unidad impositiva tributaria (UIT), no se requieren formalidades, de lo contrario, es decir si su valor excede el límite estipulado, deberá realizarse una legalización notarial o escrito en registro público.

 Sin intención de politizar el proceso que se sigue a la ex candidata presidencial, de la investigación realizada por las autoridades competentes se puede inferir que existen suficientes elementos de convicción, así como argumentos técnicos que permiten suponer, sospechar o presumir, que efectivamente existió el lavado de activos

 El delito de financiamiento ilícito de partidos ha sido definido y adoptado según las características de cada país y sus respectivas legislaciones, tal es el caso de España, sin embargo hasta la fecha en Perú no se ha definido una legislación al respecto, lo cual no significa bajo ningún aspecto que estos hechos no encuadren en un hecho delictivo, ya que es obligación del estado garantizar que exista transparencia e integridad en los aportes que reciben las organizaciones políticas, tanto en periodo ordinario como durante las campañas electorales.

 Evaluando las pruebas recabadas en este tema, se consiguen una serie de indicios, que advierten la existencia del origen ilícito de un dinero aunado a un ingreso legal aparente del mismo.

 La prueba fehaciente que solventa una imputación por lavado de activos, se encuentra englobada en la presentación del sustento del origen del dinero, es decir, sustento tributario que ponga de manifiesto de donde procedió ese activo en particular que se utilizó para la donación, o cualquier operación económica.

 Una de las instituciones que debe necesariamente hacerse presente en estos hechos, sin duda alguna es la SUNAT, quien debe perfeccionar sus estrategias con el objeto de verificar los aportes, y capacidad económica de los mismos, evitando así que estos préstamos o donaciones se utilicen como fachadas para la inserción de recursos ilícitos, obtenidos de la propia defraudación tributaria o, de delitos más graves como el lavado de activos.

Escrito por José Verona
Socio Líder de Grupo Verona

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