El precio de romper la cuarentena

Recientemente se ha aprobado el Decreto Supremo N°006-2020-IN , con el propósito de reglamentar la imposición de multas pecuniarias, como sanción por el incumplimiento de las medidas preventivas que se dan en el marco del estado de emergencia por el COVID-19.En este reglamento se precisaron los montos de las sanciones, quedando estipuladas 11 infracciones cuyas puniciones oscilan con entre 2% de la UIT (S/86) hasta el 10% (S/430), además se otorga un plazo  de cinco días hábiles para que el ciudadano infractor pague, contados desde el día hábil siguiente de la fecha de notificación del acto administrativo de sanción.

Entre las principales infracciones se encuentran circular por la vía pública para desarrollar actividades económicas no esenciales, movilizarse sin mascarilla, no contar con el pase personal laboral, salir a la calle en pareja, no respetar el metro de distancia obligatorio o negarse a identificarse, circular en un vehículo de uso particular sin autorización, desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales y religiosas que pueden originar aglomeraciones, entre otras.

Se muestra en el cuerpo legal que, los infractores que incumplan el pago de la multa en el plazo correspondiente se encontraran impedidos de realizar trámites civiles tales como: suscripción de cualquier tipo de contrato civil, trámites ante las entidades bancarias, cualquier acto notarial o ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y realizar viajes al exterior. Al respecto se ha pronunciado el ministro de Interior, Carlos Morán, señalando que las personas que no abonen el pago de la sanción, deberán hacer frente a una “muerte civil”, añadiendo además que el impago conllevaría los respectivos intereses que se aplican en otro tipo de sanciones administrativas, estas fueron sus palabras: “Si bien hay una sanción penal porque violan una decisión sanitaria del Gobierno para evitar la propagación de la epidemia, también hay sanción económica”.

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También el decreto señala un procedimiento respecto a la reducción por pago oportuno, advirtiendo que el administrado puede acogerse al beneficio de la reducción del 25% de la multa, si suscribe un compromiso de efectuar el pago total  dentro del plazo de dos días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que impone la sanción. Este pago debe realizarse en el Banco de la Nación.

La disposición además indica criterios de excepciones y reincidencias, entre las que se destacan: personas con discapacidad física o mental, caso fortuito o la fuerza mayor y situación de emergencia que ponga en riesgo la vida, salud e integridad de las personas, así como entre los agravantes de la responsabilidad administrativa se menciona la reincidencia en la comisión de la infracción y la resistencia a la autoridad al momento de la intervención.

Súmate al esfuerzo por controlar esta emergencia sanitaria, el Perú está en nuestras manos, sigamos las recomendaciones de nuestro Gobierno, quédate en casa”

Escrito por: Abg. Jessica Navarro

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